Comunicado
"El
15 de junio de 2011 (15J) nos movilizamos ante el Parlamento de Cataluña miles
de persones, diversas, de multitud de lugares, edades y tendencias políticas
con un grito en común: alzar nuestra voz ante los políticos para aclararles que
no nos representan y que no tienen legitimidad alguna cuando toman decisiones
en contra de los intereses de la mayoría. Estamos hablando de derechos básicos y
de negligencias estatales que atentan contra la dignidad de la gente,
limitándole su capacidad de crítica y expresión. La calle es nuestro espacio
donde llevar a cabo las luchas, el diálogo, el hermanamiento de clase, las
sinergias y la expresión de nuestras reivindicaciones.
El
operativo policial del 15J estuvo expresamente diseñado para criminalizar al
movimiento 15M debido al desprestigio mundial de la Generalitat que provocó el
desalojo de Plaza Cataluña. Felip Puig, Consejero de Interior, consiguió que
aquellos parlamentarios atravesaran entre la multitud indignada que protestaba.
Centenares de personas interpelaron a los políticos sin que ninguno de ellos
sufriera daño alguno. Los Mossos d´Esquadra nos detuvieron aleatoriamente y
motivaron a los políticos para que denunciaran. La investigación policial ha
sido ridiculizada por la Audiencia Nacional pero la denuncia inicial de falta
de garantías en la investigación policial que denunciaron nuestras abogadas
–detenciones innecesarias, fotografías y ficheros, informes alevosos…- nunca ha
sido reconocida.
La
Audiencia Nacional nos juzgó, y en el juicio se evidenció cómo funciona la
maquinaria judicial así como la carencia de argumentos en las acusaciones. Pese
a las dificultades, la solidaridad y el apoyo mutuo no cedieron en ningún
momento y se desplegaron acciones de protesta por todo el Estado.
La
sentencia nos absolvió porque entendió que no hicimos nada especial ni más
grave que lo que hizo la multitud con arrojo y lucidez. Aquel día se llevó a
cabo uno de los mejores señalamientos a los responsables políticos de la
desmesura económica y social. Aquel día se cristalizó la dignidad, una mirada
crítica y radical ante una clase política vendida a los deseos del sistema
capitalista. Y una actuación inteligente como aquella debía atacarse con
lágrimas falsas, integridades físicas y un sinfín de mediocridades relatadas.
Un encarnizamiento institucional y mediático contra una acción que la sentencia
de la Audiencia Nacional calificó como hecho leve.
La
sentencia absolutoria lanzó un estacazo a aquellos que se creen superiores y
están protegidos por sus altas esferas de Estado. Reconocía ante su acostumbrada
impunidad que el derecho penal no puede limitar libertades sociales ni el
derecho de la ciudadanía a expresarse, por supuesto más allá de la democracia
formal, representativa y parlamentaria. Según esta sentencia absolutoria –y
para nuestra sorpresa- la crítica en la calle, su expresión popular, es la base
del pluralismo político. Según ella, los movimientos sociales deben contar con
un altavoz para sus reivindicaciones y manifestaciones, y esa herramienta
autónoma y autogestionada son las plazas y las calles. Desde donde podemos
controlar a quienes nos controlan.
Ahora
el Supremo, buscando el precedente ejemplarizante que no concedió la Audiencia
Nacional, nos condena aleatoriamente a unas cuantas encausadas. Esta nueva
sentencia contradice todas las garantías legales y el criterio del Tribunal de
Derechos Humanos de “procedimiento justo” y proporcionalidad. Es sencillamente
una aberración jurídica.
Se
nos condena a tres años, pese a sentenciar que no hemos cometido ninguna
agresión, porque participábamos de la voluntad general de parar el Parlament.
De evitar a toda costa un paquete de medidas antisociales e inhumanas. El
mensaje ideológico que nos transmite es muy claro: tolerancia cero a la
implicación popular directa fuera de los cauces representativos, fuera de los
canales de adoctrinamiento. Quien ose protestar, será duramente castigado.
El
caso Parlament no sólo nos afecta a las condenadas, que tenemos que afrontar el
riesgo de entrada en prisión a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo o de
Derechos Humanos nos acabe dando la razón y condene al Estado Español una vez
más por la vulneración de los derechos fundamentales.
Nos condena a todas porque rebaja los límites de la protesta permitida, junto a las últimas reformas legales como la Ley Mordaza. Todas somos objeto de su represión, todas estamos en el punto de mira de un sistema que esperemos esté dando sus últimas bocanadas de aire: indignadas, sanitarias, maestras, estudiantes, paradas, migrantes, hipotecadas…
Esta
condena nos lleva a denunciar y luchar aún más contra el capitalismo, salvaje y
catastrófico, la maquinaria represora, la desigualdad social, la corrupción
intrínseca… hasta que no quede ni una miga de la estructura que permite estas
barbaridades.
Esta
condena sienta un precedente que corta de raíz el mundo nuevo que llevamos en
nuestros corazones. El artículo 498 del código penal, de tintes fascistas, no
se ha aplicado nunca en nuestro territorio. Y tenemos el firme propósito de que
siga así siempre, guardado en el cajón de las atrocidades hasta que consigamos
erradicarlo.
Considerar
delito nuestra voz, la de la contracorriente y la dignidad, es declararnos ya la
guerra institucional. Los guardianes del orden y la ley contra la voluntad
popular y sus esperanzas de un sistema más justo.
Nuestra
solidaridad es nuestra mejor arma.
Os
necesitamos para detener el ingreso en prisión. Nos necesitamos".
