LAS
PATENTES DE LAS VACUNAS, ESE NEGOCIO
Lo más incomprensible
de esta crisis, aparte de la devastación económica y social, derivada de la
pandemia del coronavirus es que no se hayan liberado inmediatamente las
patentes de las vacunas, así como el hecho de que los estados no hayan puesto
en marcha, a mucha más velocidad, vacunas a millones de dosis cada mes que
puedan inyectarse en la población y así salvar muchos miles de vidas.
Que el criterio
comercial y de lucro de las empresas privadas esté primando por encima del
criterio público y de beneficio sanitario colectivo de la sociedad es algo que
debe hacernos pensar mucho. Debe hacernos pensar, debe obligarnos al debate y
debe traducirse en medidas políticas concretas que, para la próxima pandemia, eviten
las devastadoras consecuencias que hemos visto en estos meses atrás. Seamos
claros: ante la pandemia y la crisis a ella aparejada, de grandes dimensiones, los
estados han debido actuar con otros criterios, no plegándose a los intereses económicos
de las farmacéuticas y productores privados de vacunas. Plegarse a ellos ha
provocado retrasos, ineficacia, lentitud, gasto público, muertes…
Así que para la próxima
pandemia es normal que los ciudadanos, que al principio de esta crisis no
teníamos ni mascarillas, veamos como un error peor que intolerable que el
estado español no actúe con más racionalidad previsora. Porque además es bien
sabido que el estado español, a través de sus redes de hospitales y de investigación
científica, posee capacidad sobrada para fabricar vacunas y salvar decenas de
miles de personas.
Igual que otras
pandemias, como la del sida o la del ébola, deberían recibir tratamientos
políticos y técnicos internacionales mucho más eficaces, mucho más basados en
la acción publica. ¿Y la ONU?, ¿no debería estar la capacidad política y
técnica de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, para arrimar el
hombro y actuar a tiempo?. ¿No hay medidas de prevención contra estas
pandemias?, ¿qué se puede y se debe hacer al respecto?.
Aparte de pasar algunas
vacunas a los países más pobres del mundo, ¿no ha llegado la hora de evitar
gastar miles de millones de euros y de dólares en gastos militares y dedicarlos
a infraestructuras sanitarias estables en todos esos países que las necesitan?.
En vez de despilfarrar el dinero en las guerras y en la fabricación de
arsenales de destrucción, ¿no ha llegado la hora de dotar a esos países pobres
-porque otros los han empobrecidos- de las ayudas necesarias para evitar tantas
y tantas muertes?. Los estados pueden hacer mucho más de lo que hacen.
Parece que la
degradación ambiental y el cambio climático, así como cuestiones como el modelo
industrial de fabricación de carnes o productos derivados de la cría masiva de
animales en grandes granjas de producción, son dos de las causas de esta
pandemia. No sabemos, y es difícil imaginar tal hipótesis, si en la raíz de
esta pandemia hay algo que ver con los gabinetes de investigación de armas
biológicas de los distintos ejércitos del mundo. Pero esta sería una hipótesis conspiranoica, lo reconozco.
El caso es que esta
pandemia nos ha abierto a todos los ojos respecto a asuntos como la necesidad
incuestionable de la liberación de las patentes en función de criterios
sanitarios públicos indiscutibles. ¿O puede entenderse y admitirse de algún
modo que el estado y sus autoridades sanitarias no tengan a la población
debidamente protegida cuando el gasto militar crece año a año?. Recortar o
desatender las necesidades en infraestructuras hospitalarias, o personal médico
o capacidad tecnológica o de investigación sanitaria cuesta, según estamos
viendo, demasiadas vidas. Esta es la cuestión.
Las patentes, en casos
de excepcionalidad como el que vivimos, no pueden ser más que asumidas inmediatamente
por el estado y, en todo caso, compensadas económicamente en la medida en que
se considere proporcionado, justo. No es que se esté en contra del derecho de
las personas y las empresas a lucrarse con sus iniciativas económicas
particulares, es que es obvio que en estas circunstancias tan graves no hay
modo de mantener la dignidad social y los intereses de la mayoría sin liberar
las patentes. ¿O hemos de seguir admitiendo, como de hecho está ocurriendo, que
las empresas que fabrican las vacunas se enriquezcan con dinero público mientras
se aplican lentos programas de vacunación que dejan por el camino tantas y
tantas víctimas?.
El estado y el gobierno
no son responsables de la pandemia, evidentemente, pero sí lo son de las
medidas que se toman para atajar sus efectos, las consecuencias humanas. No
querer actuar en orden a liberar las patentes (y tomar otras medidas similares
que protejan sanitariamente a la población) atenta, además, por razones obvias,
contra los fundamentos del sistema político democrático en que vivimos (no debe
gobernar el capital privado y los intereses particulares de algunos).
El estado tiene
capacidad científica y tecnológica para fabricar vacunas y salvar, antes de
verse obligado a padecer planes de vacunación tan lentos, muchas vidas. El
estado tiene capacidad científica y tecnológica para afrontar preventivamente otras
pandemias que, parece, podrían originarse en adelante. Cruzarse de brazos los
gobiernos, sin construir laboratorios y plantas de fabricación de vacunas a
millones de dosis, y trasvasando ingentes sumas de dinero público a las
farmacéuticas, son vías de solución de esta crisis que no son de recibo porque,
como se está viendo, los ciudadanos podemos morir a decenas de miles.
