Las cifras del paro en Jerez, el increíble endeudamiento
municipal, la extrema situación en el hospital general, la desesperante
cuestión del abandonado casco histórico, el deterioro del sistema educativo,
los problemas de vivienda (4.000 personas demandantes a fines de 2015), la
ausencia de programas de empleo eficaces, la siempre postergada reactivación
económica en el sector agroindustrial, etc., tienen bloqueada a esta ciudad
hasta un punto de descarrilamiento. La situación de apuro y precarización es total.
La gente con menos recursos se desangra.
Mientras tanto, mientras padecemos esta devastadora situación
social, se comprueba cómo se produce una amnistía fiscal para los ricos, se
comprueba lo que hacen los ricos en Panamá y otros paraísos fiscales sin que el
gobierno diga ni mú, se comprueba cómo “la
distancia entre ricos y pobres ha crecido y en 2015 el 1% de la población
concentró tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos. La fortuna de
sólo veinte personas en España alcanza un total de 115.000 millones de euros”
(Informe OXFAM), se comprueba cómo la grave corrupción institucional y
económica de altura no se castiga con dureza a pesar del ruido mediático, se
comprueba, en definitiva, cómo campa a sus anchas un blablablá infinito
mientras las familias, los trabajadores y las clases más humildes ingresan en
las listas de población en riesgo de exclusión.
El único rayo de esperanza, el único gesto de dignidad, lo ha
puesto encima de la mesa Podemos con una propuesta de Ley -que contó con la negativa
del Partido Popular en el Parlamento en abril pasado- llamada de emergencia
social, una iniciativa que quiere que el centro del debate político sean las
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, o sea, los derechos humanos de la
gente concreta, de carne y hueso, que quiere “alternativas habitacionales a personas desahuciadas de sus viviendas, la
supresión de los copagos y el reconocimiento de la dación en pago para las
hipotecas, entre otras medidas”.
El viejo bipartidismo está convencido de que este gran robo
que se está practicando contra el bien público y las necesidades sociales puede
seguir siendo mantenido a base de barnizarlo como mera corrupción de algunos
pocos, en vez de presentarlo como un sistema estructuralmente injusto. El
bipartidismo que ha actuado como sórdida correa de transmisión de los poderes
financieros está desplegando –véanse, por ejemplo, los vergonzosos y
tendenciosos telediarios de TVE– las tácticas más arteras para dinamitar
cualquier iniciativa que exija justicia y dignidad. PSOE y PP bloquean la vida
política, económica y social, pero la culpa es de los que exigen el
cumplimiento de los derechos humanos… ¡ vaya ¡.
