No solamente el PP quiere reprimir con dureza las olas de protesta contra sus políticas de recortes sociales, además quiere imponer una concepción general de la convivencia social y de la práctica de la política fundada en el viejo ideal de "orden público". Todo el que se oponga a las injusticias, todo el que pretenda resistirse contra las directrices del gobierno de turno, cae en un cierto grado de terrorismo. El que organice una huelga está, según ese ideal carcelario, impidiendo el desarrollo económico de la sociedad; el que, por conciencia ética y política, le dé abrigo y comida a un inmigrante que acaba de llegar a la costa es un delincuente; el que haga una pintada, la persona que intente impedir pacíficamente un desahucio; el que se ponga ante la puerta de un Ayuntamiento a pedir trabajo... TODOS SON DELINCUENTES. No es punible la acción de quienes causan gravísimos sufrimientos económicos a la sociedad, sino la de quienes se atrevan a denunciarla, protestar y ofrecer alternativas.
Este ideal carcelario, nacido de las raíces de la época de los caciques en España, consiste pues, resumidamente, en creer que la ciudadanía no es más que una masa violenta cuyo objetivo político no puede consistir en otra cosa que en el 'desorden de la sociedad'. Cualquier iniciativa política surgida del pueblo es, por definición, un acto delictivo. Este es el sencillo fundamento de una vieja concepción -la que acabó con la Iª República e impuso el férreo bipartidismo- cuya pretensión no era otra que impedir que las visiones socialistas y anarquistas se difundieran en la España del último tercio del XIX y el primero del XX. Toda acción política del pueblo es "subversión". El hombre fuerte de cada marco territorial, el cacique, garantizaría la conservación y transmisión de la estabilidad que el estado y la burguesía imponían mediante todo tipo de mecanismos de coerción (unos más suaves: como la conocida compra de votos, y otros menos suaves: como la llamada al ejército para poner orden en Jerez -por ejemplo, para qué ir más lejos- reprimiendo con bayonetas y garrote vil las revueltas campesinas de la época). La acción de gobierno era una acción bélica encubierta y de más o menos baja intensidad: mantener a raya a un enemigo colosal, el pueblo.
Es decir: según ese antiguo ideal del "orden público" la actividad política del pueblo era siempre subversiva y violenta, por lo que debía ser reprimida por la fuerza. Claro, el pueblo había advertido que las cúpulas políticas se dedicaban, a través del estado, a sostener un entramado económico ajeno a los intereses de la gran mayoría. El pueblo sabía bien quién sembraba la desigualdad, quién la sostenía, quién la justificaba y quien la imponía por la fuerza. La desesperación, el hambre, las enfermedades, etc., fueron impuestas gracias a la idea de "orden público" y gracias a la acusación permanente de delincuente a quien osara cuestionar la macabra urdimbre de enriquecimiento de unos cuantos.
Las crudas formas e intensidades de esta concepción sí, pero la esencia de todo esto no ha cambiado mucho en España, razón por la cual nos encontramos ahora con la llamada Ley Mordaza, heredera directa de aquél viejo sueño de sociedad burguesa y patriarcal sostenida con la violencia militar y policial directa. Un buen resumen de la Ley Mordaza en:
En Jerez vamos a seguir respondiendo no solamente contra esta nueva política represiva del gobierno a través de la Ley Mordaza y el endurecimiento del Código Penal, sino también contra la visión de la sociedad de donde todo esto nace, es decir, contra aquella vieja concepción antidemocrática que sostiene a sangre y fuego que el pueblo no debe nunca coger las riendas de su destino y que no debe pasar de ser lo que siempre fue: carne de cañón.
