Es un hecho sabido que Andalucía
padece una severa militarización de su territorio: grandes bases militares, la
Legión en Ronda y Almería, importantes fábricas de armas (como el costosísimo
avión de guerra A400M o los buques de “acción marítima”) en Cádiz y Sevilla, sofisticadas
instalaciones para el diseño y construcción de drones de guerra en Huelva, baterías
de misiles en las costas de Cádiz, maniobras navales en la zona del Estrecho,
atraque de submarinos nucleares en Rota y Gibraltar, etc. Pero este fenómeno es
algo más que un rosario interminable de instalaciones de “prohibido el paso, zona militar”.
La intensa servidumbre militar
que se sufre aquí es un fenómeno que tiene una doble dimensión conocida: el territorio
de Andalucía posee un alto valor geoestratégico por ser llave entre el
Mediterráneo y el Atlántico y, al mismo tiempo, Andalucía es una comunidad
autónoma con fuertes necesidades sociales y niveles de desempleo muy altos.
Como decimos aquí, medio en broma medio en serio, se junta el hambre con las ganas de comer… es decir, la
militarización tan severa es posible porque un sector de andaluces se agarra a
un clavo ardiendo (los pocos puestos de trabajo que crea la militarización)
para poder sobrevivir.
Para los intereses militares, que
Andalucía esté sumida en la desesperación económica es un aval seguro y una
gran oportunidad de negocio. Por su parte, la Junta de Andalucía, aunque se
llena la boca hablando de Cultura de Paz, ha sucumbido al negocio de las armas financiando
directamente una parte del polo aeronáutico militar en Sevilla, apoyando el
escudo antimisiles en Rota, etc. La Junta de Andalucía está dinamitando, con frialdad
e hipocresía, las profundas raíces de Paz de nuestra cultura. Esto, que a
muchos no nos pasa inadvertido, es un asunto económico y político de enorme
relevancia, pero también de un intenso simbolismo que afecta negativamente a
nuestra esencia identitaria y cultural.
En este contexto, aquí
someramente descrito, los conflictos, por supuesto, están asegurados. La multitudinaria
respuesta de la ciudadanía contra la presencia del submarino nuclear averiado
Tireless en Gibraltar, o las anuales marchas contra las bases militares, o las
numerosas protestas de los ayuntamientos contra las servidumbres que provocan las
instalaciones militares o los negocios especulativos de Defensa, etc.,
demuestran que no es poca -a pesar de la ferocidad con que se despliegan los
intereses militares en la zona- la conciencia colectiva ante el problema.
Y también aquí hay que enmarcar,
claramente, la represión política a la que se están viendo sujetos los
compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que este lunes día 11 y
martes día 12 van a ser procesados por el aparato judicial por haber ocupado la
finca militar Las Turquillas (en la provincia de Sevilla) en el verano del año
pasado. Pedir de manera pacífica la desafectación militar de esa finca
infrautilizada y poder así transformarla en una cooperativa agraria es algo que
los poderosos no solamente no quieren consentir, sino que están dispuestos a
sancionar duramente con multas, penas de prisión, etc. Vincular directamente la
holganza militar con las reivindicaciones de trabajo y dignidad de Andalucía es
un mensaje reivindicativo que los poderosos van a intentar castigar. Los
militares son aquí algo mucho peor que los terratenientes… son los que deciden
ahora si grandes cantidades de dinero se destinan o no a Navantia (astilleros
en la Bahía de Cádiz) o a Airbus Military (Sevilla), etc. Son la gallina
de los huevos de oro; y el aparato político-judicial que sustenta el poder
de la Junta de Andalucía y el poder económico en la comunidad intentarán caer,
con todo su represivo peso, sobre esta lucha social que se ha atrevido a
señalar al más taimado de los señoritos andaluces: el Ministerio de Defensa.
La información al respecto puede verse en:
Con la reivindicación de Las
Turquillas (una finca prácticamente inservible para Defensa que, en manos de
los trabajadores, podría dar muchos puestos de trabajo), los trabajadores del
SAT no solamente están denunciando la cómplice falta de voluntad política en
arreglar el problema del paro; también están señalando hasta qué absurdos
límites llega la militarización de
Andalucía… Es decir, están, también, directamente, exigiendo una
desmilitarización de la comunidad autónoma, están mostrando cómo los militares
despilfarran los recursos económicos que deberían destinarse a crear empleo.
Este es uno de los temas de fondo
por los que van a ser procesados.
Mostremos públicamente nuestra
solidaridad con esta acción del SAT que, pacíficamente, reivindica Las
Turquillas y expresemos nuestro rechazo a que sean castigados por el Ministerio
de Defensa y quienes, desde la Junta de Andalucía, siguen sin querer adoptar
medidas concretas para crear empleo y frenar la militarización de nuestra
comunidad.