Debería haber mecanismos legales,
con apoyatura en la letra de la Constitución, gracias a los cuales los pueblos -a
través de los instrumentos judiciales oportunos- puedan procesar a aquellos
gobernantes que, de modo artero, engañando a la población, socaven
intencionadamente las vías hacia la Paz y la Cooperación Internacional. Si
todos nos llevamos las manos a la cabeza cada vez que sale a la luz un nuevo
caso de corrupción, ¿qué no deberíamos hacer cada vez que constatamos que se
adoptan medidas gubernamentales que favorecen, con inmenso descaro o ignorancia,
la vía del armamentismo y las guerras?, ¿dónde están las armas de destrucción
masiva que, en 2003, Aznar nos dijo que Sadan poseía?. Algo así deja
al gravísimo caso Bárcenas en un juego de niños.
Una de esas medidas belicistas
es, en medio de la dura crisis por la que atravesamos, la aprobación de un
decreto (aprobado en junio de este año) por el que, al margen de lo que se dice
en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, se destinan 877 millones de
euros más a gastos de armamento. De esa importante cifra, 371,5 millones se
dedicarán al pago de la compra de unas 70 unidades de cazabombarderos “Eurofighter”.
El escudo antimisiles y el ofrecimiento del gobierno de España de las bases de Rota y Morón para la
guerra contra Siria serían otras de esas medidas que, obviamente, tienen como
objetivo implicarnos directa y totalmente (sin contar con las consecuencias) en las estrategias belicistas
de EE.UU. y sus aliados en Oriente Medio.
Pero si la corrupción, y la
contaminación medioambiental, y el machismo en sus distintas modalidades, y el
autoritarismo, y la violencia contra los Derechos Humanos, etc., son errores o
delitos o estrategias que todos consideramos muy negativos, ¿cómo dejamos que el
belicismo, que campa a sus anchas en este gobierno del PP lo mismo que en el de
Zapatero y su "OTAN, de entrada no", dicte, sin más, nuestra política Exterior y
de Defensa?, ¿la opinión de la ciudadanía, que quiere y exige la Paz y el
Desarme, no cuenta para nada?. Dicho de otro modo: ¿un presidente de gobierno
puede implicar a un país en una guerra al margen de la voluntad mayoritaria de
la ciudadanía?, ¿puede poner en marcha medidas claramente armamentistas cuando
la población le está exigiendo lo contrario: escuelas, hospitales, viviendas, empleo…?; y si
lo hace, ¿qué responsabilidades legales se le pueden exigir?.
Los vínculos entre la crisis y el
militarismo son más que preocupantes. Pero, que yo sepa, matar a nuestros
semejantes -como ocurrió en un terrible todos contra todos en la Segunda Guerra
Mundial- es un camino que debemos evitar. Si un gobernante quiere conducirnos
por ese camino, a base de engaños, entonces debemos pararle los pies inmediatamente,
con movilizaciones en la calle, exigiendo su dimisión y la de su irresponsable
gobierno.
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XXVIIIª Marchas contra las Bases de Rota, Morón y Gibraltar (2013):
Marcha a Gibraltar: 5 de octubre
Marcha a Morón: 6 de octubre
Marcha a Rota: 13 de octubre
