No hace falta que yo diga que esta situación, demasiado conocida en la historia de España, es de una gravedad extraordinaria y que afecta al funcionamiento mismo de la democracia y a los fundamentos del estado social y de derecho. Cuando se recurre a la fuerza armada, se suspenden los derechos civiles y se activa el código penal militar para los trabajadores, podemos pensar lo peor.
El gobierno insiste en que la medida es legal, pero algunos juristas, más otras personas que no lo somos pero que hemos leído atentamente la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (BOE 5-junio-1981), sabemos que la declaración y la prórroga de “estado de alarma”, por el Real Decreto 1673/2010, son un auténtico abuso de autoridad, un peligroso abuso de autoridad.
Quisiera añadir en esta carta de protesta y rechazo a la militarización de los conflictos sociales, que el mencionado Decreto 1673/2010 me parece una señal meridianamente clara de lo que el gobierno tiene en mente en caso de que a los 4.600.000 parados de este país se les ocurriera sacar los pies del plato…
Un gobierno obediente con los poderosos y tiránico con los oprimidos, y que no para de tomar una y otra y otra medida a cuál más antisocial, es un gobierno, pensamos los pacifistas, que debe ser contestado en la calle y con firmeza. ¿Por qué no se recortan los gastos militares y se da trabajo a la gente en vez de embarcar a España en guerras como la de Afganistán?. Animo a todos y a todas a secundar las manifestaciones convocadas por las organizaciones sociales este fin de semana, así como la huelga de consumo que CGT ha organizado para el día 21 de diciembre (véase http://www.huelgaconsumo.org/).
Se declara el estado de alarma porque los controladores no obedecen, pero no se declara el estado de alarma porque medio país no tiene trabajo. Vaya con el PSOE.
(diciembre 2010)